Ciudad de México, 2 de julio de 2025.
En un esfuerzo conjunto por “blindar” al sistema financiero mexicano y elevar los estándares contra el lavado de dinero, el Senado de la República aprobó el pasado 26 de junio de 2025 la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y al Código Penal Federal, misma que fue ratificada por la Cámara de Diputados el 30 de junio y quedará vigente al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Entre los cambios más relevantes para sujetos obligados, autoridades y entidades financieras destacan:
Extensión del plazo de resguardo de información: la documentación que respalda las actividades vulnerables deberá conservarse 10 años, en lugar de los 5 anteriores.
Identificación reforzada de Beneficiarios Controladores y Personas Políticamente Expuestas (PEP): se obliga a recabar y verificar datos completos de los beneficiarios reales y a aplicar medidas específicas de monitoreo para PEP.
Enfoque Basado en Riesgo y monitoreo automatizado: los sujetos obligados deberán implementar sistemas de gestión de riesgos, definiendo “riesgo” como la probabilidad de uso de actividades vulnerables para blanquear capitales.
Actualización de actividades vulnerables: se suman expresamente al catálogo el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos, ampliando así el alcance de supervisión y avisos obligatorios.
Avisos y sanciones: los informes sin operaciones pasan a considerarse Avisos, con multas superiores a 1 millón de pesos por omisión, y toda sospecha deberá reportarse en un plazo máximo de 24 horas, incluso si la operación no se concreta.
Coordinación institucional: se fortalece la colaboración entre la SHCP, la UIF, la Guardia Nacional y organismos internacionales para la investigación y prevención de operaciones ilícitas.
Capacitación y auditorías: se establecen programas anuales de formación obligatoria para directivos y personal clave, así como auditorías internas o externas según el nivel de riesgo identificado.
Durante el debate en el Senado, el senador Óscar Cantón Zetina calificó la reforma como un “combate ético y político” contra el crimen organizado, mientras que el senador Javier Corral Jurado destacó su alineación con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para mejorar la identificación de beneficiarios finales. En contraparte, legisladores de oposición advirtieron sobre posibles afectaciones a derechos humanos, privacidad y presunción de inocencia si no se delimitan adecuadamente las facultades de las autoridades.
Con esta reforma, México refuerza su marco normativo para detectar y prevenir el lavado de dinero, alineándose a estándares internacionales y elevando las exigencias de transparencia y control en las actividades vulnerables.
