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En una iniciativa conjunta para salvaguardar las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal de petróleo, y reforzar las medidas contra el lavado de dinero, se ha establecido un grupo de trabajo conjunto entre Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Este movimiento estratégico surge como parte de un convenio de colaboración suscrito a principios del presente año por Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, y Pablo Gómez Álvarez, director de la UIF.

El convenio refleja la determinación de ambas instituciones de coordinarse y ejecutar acciones necesarias en el ámbito de sus competencias para prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Una de las medidas fundamentales acordadas es la emisión de alertas por parte de Pemex hacia la UIF, notificando cualquier indicio de delito financiero detectado en las operaciones corporativas.

Según la Cláusula Tercera del convenio, Pemex se compromete a proporcionar comunicados a la UIF con información detallada sobre personas físicas y jurídicas, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los grupos de trabajo creados para este fin. La información compartida deberá incluir indicadores que sugieran la posible comisión de delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y otras acciones ilícitas.

Una vez recibida una alerta por parte de Pemex, la UIF deberá suministrar a la petrolera reportes de inteligencia que sean relevantes para establecer un eficaz blindaje contra posibles actividades ilícitas. Además, el convenio contempla que la UIF proporcione capacitación y orientación al personal de Pemex sobre los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y otros delitos conexos. También se ofrece asesoría en el diseño de políticas y lineamientos para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta iniciativa conjunta refleja el compromiso de ambas entidades en fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y promover la transparencia en las actividades financieras, contribuyendo así a un entorno económico más seguro y resiliente.

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