En los últimos 20 años, México, al igual que muchas otras naciones de América Latina y el mundo occidental, ha sido testigo de un incremento exponencial en la cantidad de leyes, trámites, permisos y procedimientos administrativos necesarios para llevar a cabo actividades cotidianas. Este fenómeno ha llevado al crecimiento desmesurado del derecho administrativo, una rama del derecho público que regula a la administración pública y que, hasta hace poco, permanecía en un segundo plano. Hoy en día, esta área ha absorbido muchas de las funciones que tradicionalmente pertenecían al poder judicial, lo que ha dado lugar a lo que se conoce como “administrativización del derecho”.
Este proceso implica que, para realizar casi cualquier actividad económica, comercial o de servicios, el ciudadano ya no se enfrenta directamente a un tribunal o un juzgado, sino que primero debe pasar por una autoridad administrativa, ya sea federal, estatal o municipal. Esto demuestra cómo la administración pública ha tomado un papel protagónico en la regulación y vigilancia de las actividades que antes eran materia exclusiva del sistema judicial.
Un ejemplo de este fenómeno es lo ocurrido con la Ley para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que entró en vigor en septiembre de 2013. En su momento, esta legislación detuvo temporalmente el comercio en el país, ya que muchos de los involucrados en el sector esperaron para comprender plenamente las implicaciones de su cumplimiento. Originalmente concebida para combatir el crimen organizado, con el paso del tiempo, la ley ha terminado afectando principalmente a pequeños negocios y ciudadanos, quienes, por su desconocimiento o falta de recursos, son los más vulnerables ante las sanciones impuestas por la autoridad.
El SAT ha sido dotado de amplias facultades para verificar el cumplimiento de esta ley, imponiendo sanciones a quienes no cumplan con las obligaciones de informar sobre operaciones sospechosas o de mantener los expedientes administrativos correspondientes. La situación llegó a tal punto que, en la Ley de Ingresos de 2019, se incluyó una facilidad administrativa para que los contribuyentes pudieran regularizarse y así evitar multas excesivas, ya que las sanciones de esta ley pueden ser extremadamente onerosas.
Por otro lado, un ejemplo de lo contrario es la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cual, pese a su importancia, ha sido prácticamente olvidada por los ciudadanos. Esta ley, que entró en vigor en 2005 y se fundamenta en el artículo 113 de la Constitución, otorga a los gobernados el derecho de reclamar daños y perjuicios por actos administrativos irregulares. Sin embargo, son pocos quienes utilizan esta herramienta, en parte debido al temor de que el Estado tome represalias, lo que no es cierto en la mayoría de los casos. Solo en situaciones excepcionales, como la mala praxis médica en servicios públicos, se ha activado este recurso.
El derecho administrativo, a pesar de ser una herramienta esencial para la defensa de los derechos de los ciudadanos, sigue siendo subutilizado. Esto puede deberse tanto al desconocimiento general como a la percepción errónea de que los trámites en esta área son costosos o peligrosos para los gobernados. Sin embargo, este desconocimiento impide aprovechar mecanismos legales que podrían proteger los derechos y el patrimonio de las personas.
La creciente importancia del derecho administrativo ha generado una demanda por su estudio y comprensión. Instituciones como Pármenas Centro de Estudios, con su especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional, ofrecen la oportunidad de profundizar en esta área del derecho desde una perspectiva constitucional. Entender cómo operan las leyes administrativas y los derechos que protegen es fundamental para no solo cumplir con las normativas vigentes, sino también para protegerse de posibles abusos y sanciones desproporcionadas.
El aumento en el número de leyes administrativas no tiene por qué ser una barrera, sino una oportunidad para que los ciudadanos conozcan y ejerzan sus derechos de manera más efectiva.
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