La extinción de dominio es un instrumento jurídico clave en México para combatir el crimen organizado y otros delitos graves, permitiendo al Estado recuperar bienes que han sido utilizados como instrumento, objeto o producto del delito. A través de este procedimiento, el Estado busca privar a los delincuentes de los recursos que financian sus actividades ilícitas, aunque no se haya establecido responsabilidad penal contra una persona. Este mecanismo está regulado principalmente por la Ley Nacional de Extinción de Dominio y encuentra su sustento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4.4.1 Naturaleza del procedimiento
La extinción de dominio es un proceso civil y autónomo, distinto del proceso penal, lo que significa que no depende de una sentencia condenatoria. Su objetivo es recuperar bienes que han sido involucrados en actividades delictivas, ya sea como instrumentos para cometer delitos o como productos del delito. Este tipo de acción recae exclusivamente sobre los bienes, y no sobre las personas.
Carácter civil: El procedimiento es de naturaleza civil, independiente de cualquier proceso penal, y se lleva a cabo ante tribunales especializados. Esto permite actuar con mayor celeridad y eficacia en la recuperación de bienes ilícitos.
Autonomía del procedimiento: La extinción de dominio puede ejercerse aún sin una sentencia penal, lo que significa que el Estado puede recuperar bienes ligados a actividades delictivas aunque no haya responsables identificados o condenados.
Bienes sujetos a extinción: Pueden ser objeto de extinción de dominio aquellos bienes que:
Hayan sido utilizados como instrumento para cometer un delito.
Sean producto directo de un delito (ganancias, propiedades).
Estén relacionados de alguna manera con actividades ilícitas, aunque hayan sido transferidos a terceros de buena fe.
Delitos vinculados: Los delitos que pueden dar lugar a la extinción de dominio incluyen:
Delincuencia organizada.
Narcotráfico.
Secuestro.
Trata de personas.
Corrupción.
Robo de vehículos.
Otros delitos graves señalados en la legislación.
Principios aplicables: El proceso de extinción de dominio se fundamenta en la presunción de que los bienes involucrados provienen de actividades ilícitas. La acción no requiere probar la culpabilidad penal de los propietarios, lo que facilita la recuperación de bienes por parte del Estado.
4.4.2 Ejercicio de la acción
El ejercicio de la acción de extinción de dominio en México recae en el Ministerio Público, quien es el encargado de iniciar el procedimiento ante el juez especializado en extinción de dominio. El proceso involucra diversas etapas, desde la identificación de los bienes hasta su eventual transferencia al Estado.
Iniciación del procedimiento:
El Ministerio Público presenta la demanda de extinción de dominio ante un juez civil especializado. Esta demanda debe estar acompañada de elementos probatorios que indiquen la relación de los bienes con un delito.
El MP no necesita esperar a una sentencia penal, lo que permite una acción más rápida y eficaz en la recuperación de bienes.
Notificación y defensa:
Una vez presentada la demanda, los propietarios o poseedores de los bienes son notificados y tienen derecho a presentar pruebas en su defensa. Esto incluye demostrar que los bienes fueron adquiridos de manera lícita o que no tienen relación con el delito.
Los propietarios cuentan con la oportunidad de defender su derecho de propiedad, ofreciendo pruebas que desvirtúen la relación del bien con la actividad ilícita.
Carga de la prueba:
Aunque la acción de extinción de dominio es promovida por el MP, la carga de la prueba está parcialmente invertida. El Estado debe presentar indicios suficientes para vincular los bienes con un delito, pero corresponde al propietario demostrar el origen lícito de los mismos.
La prueba necesaria en este procedimiento es menos rigurosa que en el ámbito penal, facilitando la recuperación de bienes cuando existen indicios claros de su relación con actividades ilícitas.
Sentencia:
Si el juez determina que los bienes están vinculados a un delito, dicta sentencia de extinción de dominio. A partir de este momento, los bienes pasan a ser propiedad del Estado.
La extinción de dominio es irreversible, y una vez que el Estado toma posesión de los bienes, estos pueden ser utilizados para programas sociales o para financiar la lucha contra la delincuencia.
Destino de los bienes:
Los bienes extinguidos son administrados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), organismo encargado de la administración y disposición de los mismos. Estos pueden ser subastados o asignados a diferentes fines públicos, como programas de seguridad o desarrollo social.
El uso de los bienes recuperados contribuye al financiamiento de acciones contra la delincuencia o a programas gubernamentales que benefician a la sociedad.
La extinción de dominio es un instrumento jurídico eficaz para despojar a los delincuentes de los recursos obtenidos o utilizados en actividades ilícitas. Al tratarse de un proceso civil y autónomo, permite actuar de manera ágil y eficiente, independientemente del desarrollo de un juicio penal. Este mecanismo refuerza la capacidad del Estado para combatir delitos graves como el narcotráfico, la corrupción y la delincuencia organizada, asegurando que los bienes ilícitos sean reintegrados a la sociedad y utilizados en beneficio del bien público.
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