La mediación, reconocida por su eficacia en la resolución de controversias, enfrenta desafíos significativos que podrían comprometer su papel en la lucha contra el lavado de dinero en México. A pesar de su histórico éxito como alternativa a los procesos judiciales tradicionales, recientes modificaciones en su concepción y operación generan interrogantes sobre su viabilidad.
La nueva legislación, aparentemente inofensiva, introduce términos ambiguos como “deficiente” y “negligente” en relación con la elaboración, suscripción o registro de acuerdos, otorgando responsabilidad civil a los mediadores. Esta ambigüedad crea un terreno subjetivo que expone a los mediadores a riesgos significativos, sin claridad en los criterios de evaluación.
La carga de riesgo se agrava con la obligación de cumplir con la ley antilavado, imponiendo a los mediadores desafíos desproporcionados en comparación con su naturaleza y funciones. La ley, al limitar el registro a acuerdos presentados ante notario, sugiere una disminución de la importancia de los mediadores, restando relevancia a su función en comparación con la labor notarial.
Estos cambios podrían poner en tela de juicio la eficacia de la mediación como barrera contra el lavado de dinero. Aunque la legislación introduce algunas novedades positivas, los aspectos discutidos plantean dudas sobre el futuro de la mediación en la resolución de conflictos y su capacidad para prevenir prácticas ilícitas como el lavado de dinero.
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