En el constante esfuerzo por combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece directrices y obligaciones claras para diversos sectores económicos. Entre ellos, los notarios públicos, como figuras clave en transacciones inmobiliarias y legales, se ven sometidos a estrictas normativas, y el incumplimiento conlleva sanciones sustanciales.