El lavado de dinero no es simplemente un delito financiero aislado; es el motor que alimenta las actividades del crimen organizado. En México, donde estas organizaciones generan un impacto devastador en la seguridad y la economía, entender la relación entre ambos fenómenos es fundamental para enfrentarlos de manera efectiva.
El lavado de dinero sirve como el motor económico para actividades ilegales como el tráfico de drogas, la trata de personas y el contrabando de armas. Cada peso “limpiado” fortalece redes delictivas que desafían la autoridad del Estado, amenazando la seguridad de comunidades enteras.
Para enfrentar este problema, el gobierno mexicano ha implementado medidas concretas, entre las que destaca la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), vigente desde 2013.
Si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) te ha enviado una carta de orientación en relación con la Ley Federal
El cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) no
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado,
En México, la desconfianza en las instituciones financieras lleva a que muchas personas opten por mantener dinero en efectivo en casa, sin involucrar al sistema bancario. Esto plantea una pregunta común: ¿existe algún límite legal para guardar dinero en efectivo en el hogar? ¿Puede el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sancionar esta práctica?
En los últimos 20 años, México, al igual que muchas otras naciones de América Latina y el mundo occidental, ha sido testigo de un incremento exponencial en la cantidad de leyes, trámites, permisos y procedimientos administrativos necesarios para llevar a cabo actividades cotidianas. Este fenómeno ha llevado al crecimiento desmesurado del derecho administrativo, una rama del derecho público que regula a la administración pública y que, hasta hace poco, permanecía en un segundo plano. Hoy en día, esta área ha absorbido muchas de las funciones que tradicionalmente pertenecían al poder judicial, lo que ha dado lugar a lo que se conoce como “administrativización del derecho”.
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