Los asesores financieros tienen un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero y la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dada la naturaleza de sus actividades, se consideran sujetos obligados bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como la Ley Antilavado. Esta responsabilidad implica una serie de obligaciones y procesos que deben cumplir para garantizar que sus actividades financieras no sean utilizadas para blanquear capitales de origen ilícito.