El cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una tarea clave para los Sujetos Obligados, quienes deben garantizar la transparencia y prevenir el uso de sus actividades en esquemas de lavado de dinero. Sin embargo, los errores en los procesos de cumplimiento pueden tener consecuencias graves, incluyendo multas millonarias impuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estos errores, aunque a menudo se derivan de fallas administrativas o falta de conocimiento, pueden poner en riesgo la estabilidad financiera y reputación de las empresas.