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Las nuevas medidas del gobierno para combate a la pandemia parece abrir la puerta al Lavado de Dinero en México.

Debido al panorama actual de la pandemia de COVID-19 se han dado origen a diversas respuestas gubernamentales, que van desde iniciativas de asistencia social, hasta medidas de confinamiento forzoso y restricciones de viaje. Estas medidas y otros factores adicionales brindan nuevas circunstancias para que delincuentes y terroristas generen y laven las ganancias ilícitas, un tema que recién ha generado expectativas ante los ojos del SAT.

Según el análisis de riesgos emergentes que realizó el SAT, uno de los problemas, amenazas y vulnerabilidades en relación con los riesgos de Lavado de Dinero originados por la pandemia de COVID-19 son: aumento de fraude y delito cibernético, riesgo de que se desvíen fondos para apoyar a terroristas y grupos terroristas, suplantación del gobierno, falsificación, recaudación de fondos, estafas de inversión fraudulentas, ataques de phishing, estafas de compromiso de correo electrónico empresarial, ataques de programa de software malicioso, trata de personas y explotación de trabajadores, explotación infantil en línea, delitos organizados contra la propiedad, mala dirección de los fondos del gobierno o la asistencia financiera internacional y el aumento de los riesgos de corrupción, entre otros que se muestran en el reporte anual.

Los problemas, amenazas y vulnerabilidades a su vez han ocasionado nuevos riegos, entre los que destacan: un mayor uso de esquemas en línea o activos virtuales para para mover y ocultar fondos ilícitos; el aprovechamiento de los problemas temporales en los controles internos para evitar las medidas de DDC; aumentos en los movimientos de efectivo en grandes cantidades; los delincuentes y terroristas que utilizan la pandemia para ingresar a nuevas líneas de negocios que requieren mucho efectivo; uso indebido de la ayuda financiera interna y los planes de insolvencia como un medio para lavar los ingresos ilícitos; un mayor uso del sector financiero informal; y uso indebido y apropiación indebida de ayuda financiera nacional e internacional y financiación de emergencia al evitar los procedimientos de adquisición estándar, lo que resulta en un aumento de la corrupción y los consiguientes riesgos de Lavado de Dinero en México.