En la lucha contra el lavado de dinero en el sector inmobiliario mexicano, se han implementado medidas significativas desde la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en 2013. Esta normativa, que abarca actividades como construcción, desarrollo e intermediación inmobiliaria, establece directrices rigurosas.
Representantes del Instituto Nacional de Migración han subrayado la necesidad de concientizar al sector sobre la importancia de cumplir con estas regulaciones. Voceros de la Unidad de Inteligencia Financiera resaltan la cantidad considerable de avisos presentados al Servicio de Administración Tributaria, indicando una creciente conciencia sobre la necesidad de una debida diligencia en transacciones inmobiliarias.
Haciendo eco a estas preocupaciones, expertos del sector inmobiliario han enfatizado la importancia de la identificación de clientes y la presentación adecuada de avisos ante las autoridades fiscales. Además, resaltan la relevancia de implementar medidas efectivas para la prevención de lavado de dinero.
En esta línea, representantes del Grupo de Acción Financiera contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (GAFI) han abogado por un enfoque más proactivo en la implementación de las directrices sugeridas para prevenir el lavado de dinero en la industria inmobiliaria.
A medida que el sector inmobiliario enfrenta estos desafíos, el uso de herramientas tecnológicas antilavado se presenta como una solución innovadora y efectiva, contribuyendo a detectar y prevenir actividades ilícitas en el ámbito inmobiliario.
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